El producto interno bruto (PIB) mexicano se contrajo de una forma sin precedentes como resultado de la crisis asociada a la COVID-19. Si bien el sector primario ha sido el más resiliente, la agricultura carece de un dinamismo más productivo y se caracteriza por su alta informalidad laboral y sus bajos salarios. Invertir más en la infraestructura productiva del sector, contribuiría a reactivar la economía y mejorar el bienestar de la población. La definición de una política de inversión pública debe basarse en la evidencia, como la que se aporta en este estudio. En los 21 escenarios prospectivos en que se simula una inversión pública en infraestructura productiva adicional en ramas de la agricultura, equivalente a un 0,25% del PIB (en torno a 50 000 millones de pesos) entre 2021 y 2023, se observa una mejoría en el PIB total y agroalimentario, así como en el bienestar de los mexicanos medido por el consumo privado y la reducción en la pobreza rural. Se recomienda focalizar la nueva inversión en ciertas ramas y financiarla preferiblemente mediante el endeudamiento externo. Según un ranking de las ramas receptoras de la inversión, el sector de la caña de azúcar se ubica en primera posición en tres de las cuatro variables consideradas (consumo privado, PIB total, PIB agroalimentario y pobreza rural). Los cereales, principalmente el maíz, pero también otros (arroz, sorgo, avena, cebada y otros cereales), y los cultivos más orientados a la exportación, como las flores y el café, aparecen también en lo alto del ranking.